La crisis social que se vivió en el México del siglo XIX se manifestó con una revolución que exigía entre otras cosas, la secularización de la educación, la restricción de las intervenciones de la iglesia, una reforma agraria justa que expropiara las tierras en favor de los campesinos y otros temas de índole social y laboral que tenían como objetivo que se erradicara la opresión atizada al pueblo para que las personas obtuvieran una mejor calidad de vida. Dicho movimiento, culminó con el nacimiento de la Constitución de 1917, la cual continúa vigente hasta nuestros días y es la base del derecho constitucional.

En México coexisten diversas ramas del derecho, todas ellas cumplen con  distintos objetivos y son indispensables para preservar valores comunes como la equidad y la justicia entre la sociedad. El derecho constitucional, por ejemplo, es el responsable de la organización jurídica del Estado, se guía por los preceptos vertidos en la carta magna y tiene como finalidad, mantener un equilibrio armónico entre los individuos y el Estado.

El derecho constitucional y su grupo de leyes, doctrinas y principios forman parte de la rama más clásica del derecho y hoy en día son el pilar que da vida al derecho procesal constitucional, el cual, tiene un papel fundamental en la sociedad, ya que funge como protector de la supremacía de la Constitución. Además, al apoyarse en los aportes procesalistas, puede resolver con éxito aquellos casos controvertidos que requieren del sostén de las normas sustanciales que sólo se hallan en la Constitución para llegar a una óptima resolución.

Ahora bien, desde que en el siglo XVIII, surge la reflexión histórico-filosófica de alcance mundial, nace también la necesidad de evolucionar las prácticas de cualquier disciplina con el objetivo de alcanzar las praxis más efectivas. Así, la lentitud para otorgar la resolución de un caso y la conocida burocracia de nuestro país, condujeron a que diversas organizaciones sociales impulsaran la tarea legislativa que el 18 de junio de 2008 tomó forma con la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, la cual derogó diversos artículos constitucionales e implementó otra rama del derecho que cobra cada vez más protagonismo en nuestros días; el derecho procesal acompañado de juicios orales, los cuales, florecen y proliferan para reformar de manera trascendente el sistema de justicia penal.

Los juicios orales se fundamentan en los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad y tienen como finalidad, ejecutar juicios transparentes, con audiencias públicas donde estén presentes el juez responsable de dictar la sentencia, la audiencia, la parte acusadora y la parte acusada. Este nuevo sistema enfatiza el respeto en el Estado de Derecho, así como el interés en la protección a las víctimas. También practica de forma asidua la negociación, conciliación, mediación y la justicia restaurativa, después de haber llevado a cabo la respectiva averiguación previa.

Cabe mencionar que este moderno sistema para la impartición de la justicia, privilegia el principio de oportunidad, el cual no inicia o continúa una persecución penal, siempre y cuando el delito no sea de alto impacto social y se haya restaurado el daño a la víctima. De esta manera, con la pertinente cooperación del acusado, aquellos casos donde tiene lugar el principio de oportunidad, se resuelven de forma pacífica y simple.

Sentado esto, también podemos encontrar el derecho procesal penal, en el cual hallamos la participación del tribunal y de la parte fiscal e imputado. Normalmente es dividido en dos fases o etapas, la primera es la llamada “preparatorio”,  y a la segunda se le conoce como  “el de acusación y el juzgamiento”, en ambas, participan todas las partes mencionadas y el objetivo es ejecutar lo más rápido posible la serie de actos que conforman cada fase para obtener una resolución a partir de la decisión final del tribunal, quien determina si se va a aplicar una sanción o no, al acusado.

Antaño se le conocía a este proceso penal como el período de juicio y litigio y más antiguamente como expediente. A todos los actos que llevan a cabo las partes, de una manera cronológica y ordenada, se les conoce con el nombre de “procedimiento penal”.

En base a lo anteriormente expuesto, podemos reafirmar la idea que Aristóteles y su pensamiento político nos heredaron acerca de que al ser humano se le debe concebir como un animal social por naturaleza, que necesita convivir y complementarse en armonía con las cualidades de otras personas para conseguir la autosuficiencia, plenitud y felicidad. Sin embargo, es una realidad que las mismas características intelectuales que hacen del ser humano un animal social, también le han provocado ciertas tendencias a invalidar las reglas, destrozando los códigos de conducta, provocando ofensas y agravios que merecen recibir los más adecuados edictos para resarcir o pagar por los daños propinados y esto sólo se puede obtener con un justo esquema de justicia.


Quiero saber más sobre derecho

Quiero saber más  sobre Derecho